En los últimos años, a partir de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional -el desfinanciamiento y ataque a la Educación Pública, el recorte de programas y recursos estatales- se han profundizado algunas situaciones de exigencia vividas en algunos casos como sobrecarga laboral.
Una de las temáticas recurrentes recogidas en los encuentros entre compañerxs la vincula a las complejidades que supone en este tiempo la inclusión educativa en las aulas y a los efectos que las prácticas inclusivas generan en los colectivos institucionales. Entendemos que la inclusión educativa surge desde el derecho a la educación para todas y todos pero no debe convertirse en un “como si”, ni debe transformarse en un mandato sin reflexión, ni en un aplicacionismo sin sentido que fuerce las prácticas institucionales y áulicas sin dar lugar a pensar de manera situada cada caso.
Planteábamos en el número 14 de nuestra Revista que el concepto de inclusión fue sufriendo cambios a lo largo del tiempo. Irrumpió conceptualmente como la oportunidad de restituir un espacio para recibir a las personas con “necesidades especiales” en programas educativos de calidad. Luego avanzó hacia la posibilidad de hacerlo en Escuelas comunes para evitar su aislamiento, y con el tiempo interpeló a las prácticas para avanzar abarcando a todos aquellos sujetos diferentes por su edad, situación de vulnerabilidad, lengua, discapacidad, género, etc.
La Unesco propone la siguiente definición:
La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y la reducción de la exclusión en y desde la educación.
Implica cambios, modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a todos los niños de un rango apropiado de edad y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños.
(UNESCO, 2003,p.3)1
Desde la perspectiva actual elegimos algunas experiencias que abordan los desafíos de la inclusión frente a distintas situaciones, sin restringirla a la discapacidad. Quisimos profundizar conceptualmente los paradigmas de la inclusión para volver a interrogarnos acerca de las nuevas demandas. Resulta necesario despejar cuáles de estas son genuinas y cuáles se originan en resistencias ideológicas a un nuevo paradigma que ya fija un nuevo piso de derechos.
Nos pareció pertinente entonces, compartir la palabra de Néstor Carasa, Consejero General de Educación, que nos sirve para revisitar la historización del sentido de la inclusión en cada época.
Estos nuevos escenarios del trabajo generan profundos cambios que interpelan las condiciones laborales actuales. Es necesario revisar, precisar y establecer la organización institucional, las condiciones y recursos que se necesitan para sostener prácticas pedagógicas inclusivas y respuestas pedagógico didácticas frente a la diversidad.
Sólo entonces podremos repensar las demandas en relación a esta perspectiva de derechos.
La inclusión educativa no es un tema solo de lxs pibxs con discapacidad. La inclusión educativa es un derecho de todxs lxs estudiantes que surge de un nuevo piso de derechos.
Sandra Ramal – Florencia Riccheri – Sandra González